BAKER, Nevada - Pocas cosas pintan un paisaje tan estadounidense como la hacienda de Janille y Tom Baker, con su ganado pastando, su desierto salpicado de matorrales y las montañas nevadas al fondo.
Si tan sólo pudieran conseguir a estadounidenses que quisieran trabajar allí.
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El rancho en la zona remota del este de Nevada produce unas 10,000 toneladas de paja al año, y combina la cultura de los vaqueros con un toque de la doctrina del destino manifiesto. Siempre hay más conejos, topos y uno que otro tejón que seres humanos, y los cielos nocturnos son lo suficientemente oscuros como para permitir contar las estrellas.
Pero el negocio de los Baker no podría sobrevivir sin un programa para trabajadores agrícolas invitados, el cual permite el ingreso de inmigrantes mexicanos durante unos nueve meses al año para ayudar con las cosechas en campos donde las temperaturas suelen superar los 100 grados Fahrenheit.
"Cuando la gente se queja de que los extranjeros les roban su trabajo, me exaspera", dijo Janille Baker, quien está a cargo de la contabilidad del rancho. "En cualquier industria, todo el mundo intenta hallar ayuda. Así que esta postura en contra de los inmigrantes realmente me parece ilógica. Si todo el mundo necesita trabajadores, ¿cómo pretendes ocupar esas vacantes?", agregó.
El rancho se apega a las normas federales que requieren publicar las vacantes disponibles y dar preferencia a ciudadanos estadounidenses. Pero en los últimos seis años, sólo dos estadounidenses han llamado para preguntar sobre empleos. Un tercero se presentó al lugar, pero se marchó después de ver lo que tenía que hacer.
La inmigración se ha convertido en una fuente de miedo y frustración para los votantes en esta campaña por la presidencia, cuyos posibles desenlaces podrían llevar a Estados Unidos por dos senderos drásticamente distintos. En ningún lugar hay tanto en juego como en Nevada, donde el 19% de los residentes son nacidos en el extranjero y aproximadamente el 9% de la fuerza de trabajo del estado no cuenta con estatus legal.
La oleada de cruces fronterizos ilegales ha puesto a prueba los recursos locales y estatales en todo el país, incluso en bastiones demócratas. Sin embargo, la inmigración ha impulsado el crecimiento laboral en formas que fortalecen la economía y mejoran la salud fiscal del gobierno federal.
En los discursos de los candidatos la inmigración suele ser pintada de blanco o negro, pero en realidad es increíblemente compleja, un hecho que queda al descubierto todos los días en Nevada.
Los votantes dicen que la inmigración es uno de los temas más importantes en las elecciones del 5 de noviembre. La decisión que ellos tomen —ya sea en favor de las iniciativas del expresidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas, o las propuestas de la vicepresidenta Kamala Harris de abrir vías para que obtengan la ciudadanía millones de personas que han estado de forma ilegal en el país durante años— tendrá un peso enorme en el resultado final.
Casi 300 millas al sur del rancho Baker, las luces neón de Las Vegas recibieron a casi 41 millones de turistas el año pasado. Allí el tema migratorio se desenvuelve de manera distinta, pero con marcados paralelismos.
"Hay mucho miedo", dijo Nancy Valenzuela, una mucama de 48 años que trabaja en el hotel y casino Strat. "Muchos no tienen papeles. Están diciendo que quieren sacar a todo el mundo", indicó.
Valenzuela planea votar por Harris. Pero otros sólo pueden ser espectadores, con la esperanza de que su vida no se vea trastocada.
"Allí estamos, aportando al país, trabajando para que no caiga la economía de este país", expresó Haydée Zetino, quien limpia lujosas habitaciones de hotel en el casino Harrah's de Las Vegas. Es una inmigrante salvadoreña que cuenta con estatus de protección temporal y no puede votar.
LOS ABSOLUTOS ELIMINAN LOS MATICES
Si Trump deportara a los 11 millones de inmigrantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos, tal como ha insinuado, los daños colaterales podrían extenderse a toda la economía. Tan sólo en Nevada, las pérdidas de empleos podrían ser casi iguales a las sufridas durante la crisis financiera de 2008. Más del 10% de la población de Nevada vive en una residencia con al menos un inmigrante que está sin permiso en el país, según cálculos del grupo activista Fwd.us.
"En nuestra maravillosa economía de 24 horas, sabemos que estos hoteles y casinos no podrían, no deberían, no serían capaces de abrir todos los días sin los inmigrantes", dijo Peter Guzmán, presidente y director general de la Cámara de Comercio Latina de Nevada.
Trump también podría retomar los intentos de su primer mandato de cancelar los programas que han extendido el estatus legal temporal a Zetino y a cientos de miles de personas más.
Harris ha pedido que se les brinde un trato humano a los inmigrantes en la frontera, en especial a los niños y las familias, y que se les permita aspirar a la ciudadanía a quienes llevan varios años en el país. Pero también prometió reactivar un paquete bipartidista que Trump obligó a los republicanos a aplastar, el cual pretendía otorgar $20,000 millones para el control de la inmigración y establecer normas más estrictas para los solicitantes de asilo.
El gobierno del presidente Joe Biden ha impuesto recientemente restricciones al asilo una vez que se alcance cierto umbral de migrantes en la frontera. Hace algunas semanas, Harris recorrió la frontera con México en Douglas, Arizona, e hizo un llamado a imponer reglas más estrictas que las de Biden, a pesar de que su gobierno ha registrado una caída drástica en el número de cruces fronterizos ilegales en los últimos meses, incluso acercándose a los niveles del último año de la presidencia de Trump.
Un sondeo efectuado por The Associated Press-Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos dado a conocer el mes pasado mostró que Trump aventaja a Harris 44% a 37% en lo referente a la confianza de los votantes para lidiar con asuntos migratorios, una brecha que la campaña de la demócrata ha tratado de reducir por medio de una postura un poco más enérgica sobre el tema.
Los inmigrantes dicen que el hecho de que ambos partidos estén hablando de endurecer las medidas en la frontera ha ensombrecido el panorama general del asunto, en formas a menudo demasiado complicadas para poder desglosarlas fácilmente según las líneas ideológicas.
"Creo que nuestro enfoque está totalmente dirigido a la frontera y no hacia las personas que ya están aquí y lo han estado por muchos, muchos años", dijo Érika Márquez, organizadora de justicia para los migrantes en el grupo activista Make the Road Nevada. Márquez es beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una iniciativa implementada por el gobierno del entonces presidente Barack Obama que otorga protecciones limitadas a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños.
El Pew Research Center calcula que 11 millones de personas están sin autorización en el país. Estados grandes como California, Texas y Florida tienen cifras mayores que podrían tener incluso mayor influencia sobre la fuerza laboral y las comunidades. Pero todos esos estados tienen una preferencia política bien definida en la contienda presidencial. Difícilmente podrían modificar el rumbo de las elecciones tal como podría hacerlo Nevada, cuya preferencia partidista no es clara.
El condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas, alberga a casi el 75% de la población del estado e incluye a un importante número de trabajadores del sector de hostelería que son representados por el Sindicato Culinario, un organismo sumamente influyente del estado que ya expresó su apoyo a Harris.
Pero Trump espera atraer a personas en el condado que no suelen votar con frecuencia, y tener un muy sólido desempeño en el resto del estado, el cual tiende a ser rural y conservador. El condado de Washoe, donde se encuentra Reno, siempre ha sido políticamente indefinido. Y los votantes también pueden votar por "ninguno" de los candidatos presidenciales, lo que se suma a la afamada naturaleza veleidosa del electorado de Nevada.
María Nieto, presidenta del grupo Jóvenes Demócratas de Nevada, también recibió las protecciones del DACA. Dijo que cuando era niña a ella siempre le enseñaron que nunca debía hablar de su estatus migratorio. Sin embargo, ahora ha hecho énfasis en usar su historia personal para motivar a las personas a ejercer el derecho al voto que ella no tiene.
"A veces pienso que las personas no se dan cuenta de qué tan personal es esto", declaró.
Las consecuencias económicas poselectorales podrían ser incluso más graves.
Warwick J. McKibbin, profesor de economía en la Universidad Nacional Australiana, encabeza a un grupo de investigadores que descubrió que expulsar a los trabajadores que están ilegalmente en el país reduciría significativamente la mano de obra en sectores como la minería, la agricultura, los servicios y la manufactura. Deportar incluso a 7.5 millones de trabajadores podría significar una reducción del 12% en el producto interno bruto real.
Si Nevada llegara a perder a todos sus trabajadores que están ilegalmente en el país, las cifras del Departamento del Trabajo dejan entrever que la pérdida de empleos directos sería aproximadamente tan grande como la sufrida durante la crisis financiera de 2008, la cual estancó el turismo, desató una oleada de cierres en el mercado inmobiliario y le costó al estado alrededor del 9.3% de sus empleos durante la Gran Recesión subsecuente.
Y deportar a los inmigrantes que están sin permiso en el país podría no incluir a personas como Zetino, Márquez y Nieto, ni a los trabajadores temporales en el Rancho Baker, quienes tienen autorización para trabajar en Estados Unidos.
Zetino, de 62 años, obtuvo el estatus de protección temporal después de llegar al país luego de que un terremoto remeció El Salvador en 2001, pero vio a Trump tratar de eliminar esas protecciones durante su presidencia.
"Son personas que no tienen conciencia", indicó sobre quienes están a favor de las deportaciones masivas. "Son personas que piensan que ellos pueden levantar un país, sacar a la economía adelante, pero no piensan en los de más abajo", lamentó.
"NO TENGO PROBLEMA CON QUIERA VENIR LEGALMENTE AL PAÍS"
Trump ha hecho de la seguridad fronteriza un himno no oficial de su campaña, y a menudo habla de una "invasión" de personas que llegan ilegalmente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha expresado a favor de la emisión de más visas temporales para extranjeros calificados, asegurando en un evento reciente en una televisora de habla hispana: "Queremos trabajadores y queremos que vengan, pero tienen que venir de forma legal, y tienen que amar a nuestro país".
Pero el expresidente también ha intensificado recientemente sus ataques contra las personas que tienen estatus de protección temporal, incluso propagando falsedades de que haitianos que viven legalmente en Ohio secuestran y se comen a las mascotas de la población, amenazando con deportarlos si él gana las elecciones de noviembre. Trump ha avivado las tensiones aún más al insinuar que los inmigrantes que llegan sin autorización a Estados Unidos lo hacen expresamente para quitarle el empleo a los estadounidenses de raza negra o hispana.
De cualquier forma, algunos de los principales partidarios de Trump en Nevada son más cautos al momento de hacer distinciones entre los migrantes que están legalmente en el país y los que no. Uno de ellos es el exalcalde de North Las Vegas, John Lee, quien ha expresado su apoyo a Trump mientras se postula al Congreso, y reconoció que en su estado "nos estamos quedando sin mano de obra en este momento".
"No tenemos problema con quien quiera venir aquí legalmente", declaró Lee. "Los capacitaremos y trabajarán, y de esa forma veremos todas las alegrías de Estados Unidos", agregó. Pero dijo que, en contraste, las personas que están sin autorización en el país han contribuido a un aumento en las tasas de criminalidad, incluidos robos en sitios en construcción.
Otros conservadores, sin embargo, son más explícitos en cuanto al daño económico que podría provocar el endurecimiento de las políticas para controlar la inmigración.
Guzmán, de la Cámara de Comercio Latina, ha organizado foros para examinar cómo se ha ralentizado el sector de la construcción en Las Vegas al no poderse encontrar trabajadores suficientes. Pidió una expansión a los programas de trabajadores temporales, destacando durante una teleconferencia con un grupo activista: "Soy un republicano registrado, y no todos pensamos igual sobre este asunto".
Florisela López Rivera ha visto ese matiz de primera mano, y le preocupa que las cuestiones políticas tengan prioridad sobre las cuestiones morales.
La salvadoreña recibió estatus de protección temporal tras el paso del huracán Mitch en 1998 y trabaja lavando platos en el casino Wynn de Las Vegas. Recientemente obtuvo la residencia permanente después de que su esposa se naturalizó, lo que significa que es poco probable que enfrente la deportación bajo cualquier circunstancia.
López Rivera pertenece al Sindicato de Trabajadores Culinarios, el cual representa a 60,000 empleados —en su mayoría hispanos— en Las Vegas y Reno. Simpatizante de Harris, López Rivera solicita votos dentro del sindicato para promover a la vicepresidenta, destacando el hecho de que la candidata es hija de inmigrantes.
Toca puertas y habla en español, y dice que se encuentra a algunas personas que le dicen que aman a Trump. Incluso entonces trata de dialogar con ellas en lugar de simplemente darse la media vuelta.
"Cuando uno pone más atención a las cosas negativas, pierde uno esa parte humana que no debe perder nunca", señaló.
APOYO BIPARTIDISTA AL ENDURECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FRONTERIZA
Los llamados de Harris a endurecer las reglas de asilo y reforzar la vigilancia en la frontera destacan lo mucho que los votantes de ambos partidos están a favor de aplicar mano dura en ese rubro.
"Todos los que conozco, republicanos o demócratas, piensan que la seguridad fronteriza es importante", dijo Edgar Flores, senador estatal demócrata por Nevada y abogado migratorio. "Tenemos problemas reales con las drogas, con las pandillas, con la violencia", indicó.
Pero si se implementan medidas —incluso parcialmente— para realizar las deportaciones masivas, señaló Flores, ello "afectaría a las industrias más esenciales de Nevada, y eso se repetirá en todo el país".
Márquez, de Make the Road Nevada, indicó que su organización acepta que se requieran controles más estrictos en la frontera, pero añadió: "Pienso que muchas personas —y Trump mismo— tienen esta idea irracional de que estamos aquí y no somos buenas personas".
"Todos somos de clase trabajadora", dijo Márquez, quien nació en León, México, y llegó a Estados Unidos a los 3 años de edad, cuando su abuela le pagó a traficantes para que las llevaran a ella y a su madre embarazada al otro lado de la frontera. "Todo lo que queremos es poder darle comida, techo y una buena educación a nuestros hijos y simplemente ser capaces de crecer como una comunidad", aseguró.
Una encuesta reciente de Scripps News/Ipsos reveló que el 86% de los republicanos apoyan "firmemente" o están
"hasta cierto punto a favor" de las deportaciones masivas, pero también el 25% de los demócratas. En total, el 54% de los votantes están a favor de expulsar a posiblemente millones de personas del país, por encima del 42% de los encuestados que se expresaron en contra. En tanto, una tercera parte de los estadounidenses considera que reforzar la frontera con México es la máxima prioridad en materia de inmigración, según el sondeo.
"NO PUEDES CONSEGUIR QUE ALGUIEN VENGA A HACER EL TRABAJO"
De regreso en el rancho Baker, el programa de visas H-2A trae a trabajadores inmigrantes a los campos. Cosechan paja, controlan la maleza y riegan a mano o con líneas de riego de ala móvil rodante que mueven a mano, y construyen pequeñas represas usando lonas que arrastran por distintas zonas para que los cultivos puedan sumergirse mejor en el agua.
La participación en el programa H-2A aumentó durante el gobierno de Trump, pero el entonces presidente también propuso una iniciativa poco antes de terminar su mandato que habría congelado el salario de los trabajadores agrícolas durante dos años, establecido requisitos más indulgentes para la vivienda de estos, y restringido los costos de transportación reembolsables. El gobierno de Biden los anuló, pero impuso nuevas reglas que, afirma, otorgan mayores protecciones a los trabajadores, y ha visto la participación ascender incluso más.
Tom Baker es copropietario del rancho junto con sus hermanos. Comenzó sus operaciones en 1954, casi dos décadas antes de que se instalaran líneas eléctricas en la zona. Dice que es un "trabajo duro y caluroso" que raya "en lo miserable".
"Sin los inmigrantes, este tipo de granjas no serían viables porque no puedes conseguir a nadie que venga a hacer el trabajo", declaró Baker, de 54 años. "El salario no es el problema. El problema es conseguir trabajadores", indicó.
El suelo —enriquecido por los días cálidos y las noches frescas debido a una mayor altitud— puede producir paja de alta calidad, parte de la cual va a hipódromos y centros de polo como el de West Palm Beach, donde se ubica el club Mar-a-Lago de Trump.
El rancho cuenta con 26 empleados, incluidos cinco inmigrantes que están actualmente en el programa H-2A. Muchos de los obreros más experimentados llegaron hace suficiente tiempo para obtener el estatus legal en Estados Unidos gracias a los programas establecidos en la década de 1980. Algunos de ellos tienen hijos que nacieron en el país y son ciudadanos, incluso si uno o ambos padres no lo son.
Los trabajadores temporales se negaron a declarar, diciendo que no querían atraer la atención. Sin embargo, tres generaciones de trabajadores inmigrantes en el rancho provienen de los poblados de Apozol y Juchipila, en el centro-norte de México.
Los primeros en haber llegado ya tienen hijos adultos. Algunos de ellos trabajan en el rancho y tienen hijos propios que van a la escuela secundaria y trabajan en el Rancho Baker durante el verano. La esposa de un exempleado parió a su hijo en un vehículo del rancho mientras se dirigían al hospital, ubicado a 80 millas de distancia.
A Janille Baker, de 51 años, no le agrada Trump, pero en ocasiones también ha expresado su frustración con las regulaciones del gobierno de Biden. Estas incluyen pequeños detalles como el requisito de colocar mosquiteros en las puertas de las viviendas de los jornaleros. Esto a pesar de que cuentan con aire acondicionado y ya tienen mosquiteros en las ventanas.
"Todo este asunto es una papa caliente y cada uno de los bandos se la está arrojando al otro. Y, sinceramente, ambas partes tienen la culpa", dijo al hablar sobre la inmigración. "Va a llegar un momento en que se le tendrá que atender. No puedes ir sólo sembrando el miedo y asustando a la gente, y luego criticar a las personas que quieren o no quieren hacer cierto trabajo", concluyó.
