MÉXICO - México aprobó este lunes una ley histórica que prevé amnistiar a unos 6,000 condenados por delitos leves como abortos, pequeños robos o posesión de drogas con el objetivo de vaciar las cárceles de personas que quebrantaron la ley en condiciones de vulnerabilidad.
El Senado dio luz verde con amplia mayoría a uno de los grandes proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien durante la campaña electoral de 2018 prometió implementar una amnistía para pacificar el país frente a la ola de violencia.
Aunque el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aceleró la aprobación de la ley para descongestionar las cárceles ante la pandemia de COVID-19, se prevé que las primeras liberaciones tarden varios meses.
En una sesión parlamentaria, marcada por los cubrebocas y la distancia de seguridad entre senadores, la oposición reprochó que la Cámara debata amnistías y no medidas económicas para afrontar la pandemia.
Organizaciones de derechos humanos celebraron el sentir de esta medida, aunque desconfiaron de su alcance dado que la mayoría de presos por delitos leves están en cárceles estatales y no federales, donde se aplicará la amnistía.
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17,000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176,000 encarcelados.
¿A QUIEN SE AMNISTIARÁ?
El texto aprobado prevé amnistiar a las mujeres encarceladas por homicidio al haber abortado, así como a los sanitarios o familiares que participaron en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la madre.
También a personas que poseyeron o traficaron con drogas bajo situación de pobreza, una discapacidad permanente o que fueran obligadas por grupos del crimen organizado.
Además, prevé indultar a aquellas personas que, sin fines de venta, hayan poseído el doble de la cantidad permitida de narcóticos.
Podrán acogerse a la amnistía los indígenas que durante un proceso judicial no contaron con intérpretes o abogados que conocieran su lengua y su cultura.
Se podrá amnistiar también a aquellas personas procesadas o condenadas por el delito de robo simple en caso de que este fuera sin violencia.
Asimismo, el texto prevé liberar a aquellas personas que cometieron una sedición para alterar la vida institucional de México por motivos políticos, siempre que no cometieran terrorismo.
Una comisión gubernamental se encargará de solicitar ante el juez y la Fiscalía la liberación o desistimiento del proceso contra las personas que cometieron alguno de esos delitos tras un plazo de cuatro meses para estudiar cada caso.
No serán amnistiadas personas que cometieron actos con violencia, que fueron reincidentes o que fueron condenados por delitos graves, como asesinato, femincidio, secuestro, robo de casas o robo de combustibles.
DUDAS SOBRE SU ALCANCE
El director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL), José Luis Gutiérrez, aplaudió esta ley que consideró una "excelente iniciativa" por su contenido, aunque dudó de que logre tener el alcance previsto por el gobierno, que prevé la liberación de 6,000 personas.
"Es una ley que hace justicia a todas aquellas personas víctimas de un sistema de justicia que no reconoció sus contextos de vulnerabilidad y que priorizó las políticas de encierro", explicó Gutiérrez en entrevista.
Consideró "muy importante" que la ley incluya la amnistía a condenados por sedición, un delito que "se imputa habitualmente a los activistas y defensores de los derechos humanos", y a indígenas que no contaron con intérpretes durante el juicio.
Sin embargo, descartó que esta iniciativa sirva para descongestionar las prisiones ante la pandemia, que lleva 8,772 contagios y 712 muertos en el país, ya que el plazo previsto en la ley para determinar una liberación es de cuatro meses, tiempo en el que la enfermedad ya puede haber aminorado.
Además subrayó el hecho de que en las prisiones federales, donde se aplicará esta amnistía, no hay mujeres condenadas por abortar y casi no hay condenados por robos simples.
"La utilidad de esta ley será muy buena cuando la aterricen en cada uno de los congresos locales y sea una ley estatal para cada entidad federativa, lo cual evidentemente conlleva bastante tiempo", explicó.
Gutiérrez aseguró que para descongestionar las prisiones frente a la pandemia se tendría que aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante la cual podría lograrse la libertad condicionada a cerca de 30,000 personas, estimó.
